La Dirección Jurídica Ejecutiva de la Itaipu Binacional, a través del Departamento de Derecho Ambiental (JDA.JE), impulsó sendas denuncias por Delitos Ecológicos supuestamente cometidos en un inmueble colindante con el Refugio Tatí Yupí de Itaipu, en Hernandarias. El viernes 27 de abril, el Ministerio Público se constituyó en el sitio y constató la supuesta irregularidad.

La acción se dio tras la toma de conocimiento de que en el terreno - donde se ubica un importante humedal que desemboca en la cuenca del Arroyo del mismo nombre – se realizaban trabajos de movimiento y compactación de suelo con máquinas pesadas, construcción de dique, canalización y desecación del humedal.

Bajo instrucciones del director Jurídico Ejecutivo de Itaipu, Diego Bertolucci, la Jefatura del JDA.JE impulsó la presencia del agente fiscal del medio ambiente de Ciudad del Este, Gustavo Sosa.

El mismo representante público, el pasado 19 de abril realizó un sobrevuelo en Helicóptero de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), a través de un convenio entre Itaipu y el Ministerio de Defensa (Cascos Verdes), constatando las irregularidades y labrándose acta de intervención donde consta – a pedido del Dpto. JDA.JE – el inicio “de oficio” de las investigaciones.

Se solicitó además, la inmediata constitución de técnicos especializados en la materia, sean del Ministerio Público o de la SEAM, para evaluar el daño ambiental y la individualización de los responsables.

Por otro lado, el 24 del mismo mes, el DJ.JE coordinó con la SEAM la presencia de tres técnicos especializados dependientes de la Dirección de Recursos Hídricos, de la Dirección de Monitoreo Ambiental y de la Dirección de Fiscalización.

Los especialistas, en compañía del Jefe del JDA.JE y militares asignados al convenio mencionado, realizaron un sobrevuelo por la zona de referencia, pudiendo visualizar los supuestos hechos punibles contra el Medio Ambiente.

Seguidamente, se procedió a la intervención del área, donde se intima a los responsables el cese de la actividad antrópica, labrándose el respectivo acta que posteriormente fue agregada a la Carpeta Fiscal Nº 4600/12.

Ante la gravedad de los daños constatados, tanto por el Ministerio Público como por la autoridad administrativa, la Dirección Jurídica Ejecutiva requirió la constitución “in situ” del fiscal.

Tratándose de una propiedad privada, se solicitó Orden Judicial de Allanamiento al Juzgado Penal de Garantías de la Ciudad de Hernandarias. El procedimiento se realizó este viernes, 27 de abril, ordenándose el cese de las actividades, hasta tanto la SEAM dicte resolución definitiva en el caso.

De esta manera, la Dirección Jurídica Ejecutiva logró la paralización de las obras dentro del importante humedal que desemboca en el arroyo Tatí Yupi, logrando, de momento, la mitigación de los graves daños ocasionados al Medio Ambiente.

El área del humedal se encuentra dentro de la propiedad de la firma “Corporación La Esperanza S.A.” y, los trabajos de construcción de caminos; movimiento, relleno y compactación de suelos; canalización y desecación del humedal son realizados por la firma constructora Construsil S.A.

Los delitos ecológicos, prevén sanciones como: pena privativa de libertad desde 3 a 8 años y multa de hasta 2.000 jornales mínimos legales (Ley 716/96). Igualmente, las de carácter administrativo (Ley 1561/00, Ley 294/93, Ley 3239/07) prevén sanciones de inhabilitación y multa de hasta 1.500 jornales mínimos legales.