El Tribunal de Alzada revocó el pasado 23 de febrero la desestimación dictada por el Juzgado Penal de garantías de Minga Porá, a favor del supuesto invasor de un terreno de Itaipu, Doacir Bianchet. La Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente, a cargo de los fiscales Gustavo Sosa y Ricardo Merlo, se ve obligada a proseguir con la investigación de los hechos registrados en San Alberto, Alto Paraná.

Por medio del A.I. No. 13, la Cámara de Apelaciones, primera sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, hizo lugar a la apelación presentada por los abogados Augusto Gernhoffer y Carlos Cantero, en representación de la Binacional.

La misma había sido planteada en el marco de la causa No. 6394/08 que envuelve a Doacir Bianchet sobre la supuesta comisión de perjuicio a reservas naturales en el distrito de San Alberto, departamento del Alto Paraná.

Según la acción, el denunciado - como colindante - ha invadido aproximadamente 6 hectáreas de terreno de la entidad, ubicado entre los mojones PEF-516/517, en la zona de Limoy (Área Protegida de la Poligonal Envolvente de la Itaipu Binacional).

En el lugar presuntamente se construyó una enorme balsa. Fueron abiertos caminos internos dentro de la reserva, eliminando las vegetaciones nativas del bosque protector del Río Itambey, afluente del Lago Itaipu, evitando la regeneración natural del bosque, que a la vez es causal de la erosión del suelo y colmatación del lago.

La actividad clandestina no permite que la Binacional cumpla con la ley especial de Recursos Hídricos y evita la reforestación del área de cien metros alrededor del cauce hídrico, tal como exige la ley especial No. 3239/07.

Igualmente se hace imposible cumplir con las medidas de mitigación ambiental, conforme a las normas de la Entidad y la legislación nacional (Ley 716/96).

Pese a todos los elementos probatorios, el Ministerio Público requirió la desestimación de la denuncia, alegando que la tala de árbol no fue mayor a 2 hectáreas, por lo que la Dirección Jurídica inició una querella adhesiva y apeló la resolución de desestimación.
De esta manera Itaipu buscó evitar la ocupación del área protegida (hoy recuperada gracias a la acción planteada). Mediante la resolución de la Cámara, ahora la Fiscalía está obligada a proseguir con la investigación e imputar al responsable.

Es importante resaltar que existe otra denuncia penal y querella adhesiva contra Bianchet, por la presunta comisión de Invasión de Inmueble Ajeno (Causa No. 257/10) en la cual, pese a las diligencias realizadas así como la querella planteada, el fiscal Gustavo Sosa no asumió ninguna imputación, y en varias ocasiones los funcionarios del Ministerio Público informaron que "no se ubica la carpeta" ante el requerimiento de los abogados de la Itaipu.