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Autoridades y asociados de la Cajubi se manifestaron el jueves 3 de noviembre frente a la fiscalía de Delitos Económicos de Asunción, para exigir el esclarecimiento del supuesto hecho de lesión de confianza en perjuicio de la Cajubi y que ascendería a 14 millones de dólares americanos. A un año de la denuncia, no existe ni un solo imputado.

El 3 de noviembre de 2010, la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de Itaipu (Cajubi) había presentado denuncia en la Fiscalía por supuesta lesión de confianza y el perjuicio contra la Caja que ascendía a 14 millones de dólares americanos. A un año de esta denuncia por lesión de confianza en perjuicio de la Cajubi no existe ningún avance en la investigación fiscal contra los responsables.

La preocupación de los afectados fue exteriorizada con una manifestación frente a la Fiscalía de Delitos Económicos para exigir que no quede en el famoso “oparei”. Además, un grupo se entrevistó con el fiscal de la causa, Sergio Alegre, para exigir el avance de la investigación y evitar el “encajonamiento” del expediente.

Adelio Aquino, vocero de los afectados, expresó que a un año de la denuncia presentada por la Cajubi con frondosas pruebas documentales sobre la existencia de un envío de 14 millones de dólares a Canadá, no existe ningún resultado.

“El presidente de la época fue Víctor Bogado Núñez, sobrino del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez. Se enviaron los fondos sin ningún cuidado a una firma canadiense; esa remesa en vez de ir a un banco fue a otra firma canadiense, que sólo se creó para recibir los fondos de la Caja y el contrato de la inversión se hace con esta firma y se constituyó la lesión de confianza”, expresó.

Puntualizó que hace un año se presentó la denuncia ante la Fiscalía y no existe ningún avance en la investigación.

“Sólo dan excusas, la última que nos dio fue en junio, mes en que debía enviar un exhorto en Canadá para confirmar las documentaciones que nosotros entregamos. Sin embargo, esa carta no fue enviada a Canadá”, manifestó.

Otra muestra del “encajonamiento” del expediente, según Aquino, se registró con una prueba pericial.

“Denunciamos que habían correos electrónicos comprometedores y se solicitó el peritaje del servidor de la Caja de Jubilaciones, va el perito informático, que era pariente del fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla y nunca informó nada. Tres meses después de su trabajo, dijo que no pudo hacer el peritaje porque la copia estaba dañada. Estamos ante una rosca judicial encabezada por el ministro de la Corte para proteger a su sobrino”, afirmó.

Aquino aseguró que el fiscal Alegre siempre tiene algún pretexto para no realizar la investigación y tampoco se aparta del caso y se especula que está alargando el trámite hasta las elecciones generales del 2013.

“Acá hay un esquema de impunidad. Está Víctor Núñez, Víctor Bernal (ex director de Itaipu), Nicanor Duarte Frutos, el Fiscal General fue nombrado en la época de Nicanor y estamos frente a un caso de impunidad y pretensión de blanqueamiento”, agregó.

Puntualizó que la pérdida económica que sufrió la Cajubi desde el 2005 hasta el 2008, asciende a 104, 5 millones de dólares y la última de todas fue el envío de 14 millones de dólares a supuestos bancos de Canadá.

Viaje a Canadá

Modesto Rojas encabezó el grupo que se entrevistó con el fiscal Sergio Alegre y exigió al representante del ministerio público, que realice su trabajo, especialmente sobre la pérdida de los 14 millones de dólares que fue denunciada hace un año y hasta ahora no existe ninguna respuesta.

“Él (fiscal) alegó que necesita más informaciones como ser un viaje que debe realizar a Canadá para chequear las supuestas inversiones que se han realizado”, informó.

Una vez concluida la manifestación frente a la Fiscalía, un grupo de la Cajubi se entrevistó con el director General de Itaipu, Efraín Enríquez Gamón donde sentaron su malestar porque algunos de los implicados siguen trabajando dentro de la empresa y no fueron sumariados.

Según un comunicado difundido por la Cajubi, el capital remesado en el exterior sin cuidado debido en los periodos 2005 a 2008, asciende a más de 104,5 millones de dólares americanos y el 70 por ciento de dicho monto se contabilizó como pérdida para la Caja.

Igualmente se destaca que en noviembre de 2009, el empleado de Itaipu, Julio César Ruiz Díaz y el abogado Adelio Aquino, sustentádose en informe de auditoría, presentaron denuncia por lesión de confianza en perjuicio de la Cajubi y que ascendía a 8 millones de dólares aplicados a inversiones especulativos de Commerz Bank y Spot Forex y en el 2010 se detectó otro perjuicio económico que ascendía a 14 millones de dólares y hasta la fecha no existe ningún imputado.