Institucional
Fiscalía verifica terreno por presuntos delitos ambientales
27/04/2012
La acción se dio tras la toma de conocimiento de que en el terreno - donde se ubica un importante humedal que desemboca en la cuenca del Arroyo del mismo nombre – se realizaban trabajos de movimiento y compactación de suelo con máquinas pesadas, construcción de dique, canalización y desecación del humedal. Bajo instrucciones del director Jurídico Ejecutivo de Itaipu, Diego Bertolucci, la Jefatura del JDA.JE impulsó la presencia del agente fiscal del medio ambiente de Ciudad del Este, Gustavo Sosa.
Se solicitó además, la inmediata constitución de técnicos especializados en la materia, sean del Ministerio Público o de la SEAM, para evaluar el daño ambiental y la individualización de los responsables. Por otro lado, el 24 del mismo mes, el DJ.JE coordinó con la SEAM la presencia de tres técnicos especializados dependientes de la Dirección de Recursos Hídricos, de la Dirección de Monitoreo Ambiental y de la Dirección de Fiscalización. Los especialistas, en compañía del Jefe del JDA.JE y militares asignados al convenio mencionado, realizaron un sobrevuelo por la zona de referencia, pudiendo visualizar los supuestos hechos punibles contra el Medio Ambiente. Seguidamente, se procedió a la intervención del área, donde se intima a los responsables el cese de la actividad antrópica, labrándose el respectivo acta que posteriormente fue agregada a la Carpeta Fiscal Nº 4600/12.
Tratándose de una propiedad privada, se solicitó Orden Judicial de Allanamiento al Juzgado Penal de Garantías de la Ciudad de Hernandarias. El procedimiento se realizó este viernes, 27 de abril, ordenándose el cese de las actividades, hasta tanto la SEAM dicte resolución definitiva en el caso. De esta manera, la Dirección Jurídica Ejecutiva logró la paralización de las obras dentro del importante humedal que desemboca en el arroyo Tatí Yupi, logrando, de momento, la mitigación de los graves daños ocasionados al Medio Ambiente. El área del humedal se encuentra dentro de la propiedad de la firma “Corporación La Esperanza S.A.” y, los trabajos de construcción de caminos; movimiento, relleno y compactación de suelos; canalización y desecación del humedal son realizados por la firma constructora Construsil S.A. Los delitos ecológicos, prevén sanciones como: pena privativa de libertad desde 3 a 8 años y multa de hasta 2.000 jornales mínimos legales (Ley 716/96). Igualmente, las de carácter administrativo (Ley 1561/00, Ley 294/93, Ley 3239/07) prevén sanciones de inhabilitación y multa de hasta 1.500 jornales mínimos legales. |