El programa cuenta con dos centros abiertos, en un de ellos ya están protegidos 40 niños, entre los que se encuentran menores de edad de la parcialidad Mbya Guaraní provenientes de Puerto Yguazú, Argentina. Uno de sus fines es incidir en una futura línea de acción interinstitucional en el marco de una política nacional de Gobierno.

El convenio fue suscripto a partir de la experiencia del plan de urgencia de atención a niños indígenas en situación de calle, plan que también fue apoyado por la Itaipu Binacional, el año pasado.

“Creemos que es la primera vez que se hace un trabajo interinstitucional en forma sistemática en Ciudad del Este, con la intención de superar aquellas acciones generadas para paliar urgencias durante el verano o el invierno”, manifestó Eva Pereira, técnica contratada por la entidad para coordinar el proyecto.

Puntualizó que el trabajo implica “un recorrido de ir conociendo, haciendo y proponiendo también una propuesta de carácter más interinstitucional y sistemático que se proyectó como una línea de acción o política de Estado”.

Mencionó que el Instituto Nacional del Indígena (INDI) hasta el momento no tiene una presencia real en el proceso de construcción de este trabajo, que es nuevo y la metodología se va construyendo con la gente.

Los aspectos que hay que fortalecer en este proceso se relacionan con la participación de otras instituciones del Estado, porque se partió de un plan de emergencia con la articulación de acciones entre las instituciones públicas. Con esta articulación se planteó una mesa de participación protagónica que apuntó a visibilizar la problemática, según significó.

También se busca apelar a otros mecanismos relacionados al Presupuesto General de Gastos de la Nación donde se incluya en los programas nacionales de atención de la niñez indígena en situación de calle, conforme explicó la coordinadora.

Agregó que no solamente es una cuestión de asistencia, sino una mirada integral a esta problemática que es consecuencia de un problema de fondo que se tiene a nivel país, el cual se visualiza con fuerza en la calle.

Enfatizó en este contexto, que se trata de atender a la gente que ya no tiene territorio donde vivir, ni formas de sobrevivencia, o de opción para proyectar la vida dentro de esa situación de pobreza y de expulsión de sus comunidades. “Por lo tanto hay un problema de fondo que hace montón de años esta instaló en el país”, acotó, Pereira.

Los programas de asistencia apuntan a una respuesta mucho más profunda de la problemática. “No podemos dejar morir a niños ante nuestros ojos, lo que tratamos es asistirles, lo cual queda corto al analizar la grave problemática de los pueblos indígenas, proceso en el que trataremos de apuntalar una línea de acción en el marco de una política del Estado”, señaló.

Los menores de edad atendidos mediante este programa apoyado por Itaipu no son generalmente del Alto Paraná, ya que provienen mayoritariamente de los departamentos de Caaguazú, Guairá y Caazapá, según un estudio realizado a partir de la ejecución del plan de urgencia en el 2011.

Pereira mencionó que hay niños en situación muy extrema por el consumo de drogas y atendiendo al espacio geográfico, porque un territorio de frontera, hay niños y niñas de Puerto Yguazú, Argentina de la parcialidad Mbya Guaraní, que vienen atraídos por la atención que se está generando en Ciudad del Este.

Para este caso, se está planteando analizar posibilidades de retorno aunque los niños que vienen del otro lado de la frontera carecen de identidad y todos alegan que ya no tienen familia.

Un denominador común entre todos los niños indígenas y adultos que están en la comunidad del vecino país es la falta de documentación, por lo que se tratará de enfocar esta situación con el consulado argentino.

El centro abierto constituye un sistema que implica la atención en calle y albergue transitorio durante las 24 horas en el hogar Santa Teresa, ubicado en el barrio 23 de Octubre y el abordaje en las comunidades de origen. Esta metodología se tiene pensado igualmente realizarse en la comunidad de Caaguazú.

Programa de protección inmediata

Un promedio de 40 niños nativos actualmente son acogidos en el centro abierto habilitado en el barrio 23 de Octubre, donde reciben alimentación, refuerzo escolar, recreación, deportes, reanimación de la cultura guaraní (danza, rezo, canto) en un espacio cultural creado generalmente para el horario nocturno.

“Creemos que en un año se puede instalar esto con la proyección de inversiones para que se incluya el próximo año dentro del presupuesto de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia”, expresó Eva Pereira.

El aporte del área de Responsabilidad Social de Itaipu consiste en el acompañamiento técnico, mediante la contratación de una profesional que desde el inicio del plan de urgencia va sosteniendo el trabajo con las otras instituciones.

El equipo de trabajo lo conforman ocho educadores de calle con la inclusión gradual de educadores indígenas. Desde febrero se acoplará al equipo un profesional para coordinar el proyecto, de acuerdo a lo anunciado por Pereira.

Destacó además, que el mayor desafío es la articulación de todas las instituciones ante los diversos casos del día a día que requieren atención de urgencia.

“En este aspecto son claves la Fiscalía y el Ministerio de Salud”, dijo al anunciar que para este efecto se estarán retomando encuentros de coordinación interinstitucional.

Referencia de trabajo con pueblos aborígenes

Este programa apoyado por la Itaipu Binacional se constituyó en una referencia de trabajo con los pueblos originarios que despierta otra mirada por parte de la sociedad y sobre todo, se busca la participación de los propios niños en situación de calle para construir su proyecto de vida, según sus responsables.

Los mismos recomiendan a la comunidad no incentivar la mendicidad dando dinero a los menores en los semáforos o en las calles. Asimismo se insta a las personas que quieran cooperar a acercarse al centro abierto del barrio 23 de Octubre o en las oficinas habilitadas para el gerenciamiento del proyecto en el Centro Comunitario del Área 4.

“En términos de Derechos Humanos los niños en situación de calle requieren de un programa social que contemple sus necesidades e ir instalando este nuevo paradigma de atención en que el Estado y la sociedad tienen responsabilidad”, expresó Pereira.

Dijo también que “es un gran reto social buscar perspectivas de vida y horizontes para los niños desplazados que provienen de familias en situación de vida muy deteriorada, generando alternativas para su rescate”, remarcó la coordinadora.

Refuerzan grupo de trabajo para atender a pueblos originarios

Un grupo de profesionales de la Fundación “Conciencia Infinita” de Presidente Franco se sumó al equipo de trabajo de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, (SENNA) Regional Alto Paraná y los técnicos de Responsabilidad Social de Itaipu, para llevar adelante el programa de atención a menores aborígenes en situación de calle.

Yildo Franco, uno de los referentes de la “Fundación Conciencia Infinita”, significó que esta propuesta deriva del convenio suscripto entre la SENNA y la Itaipu Binacional.

Consideró que esta iniciativa sustentada por Itaipu y por profesionales de la fundación se suma al trabajo con el objetivo de mitigar la extrema miseria en que se encuentran principalmente los niños nativos desplazados hacia las ciudades.

Recordó que desde hace diez años están en proyectos de trabajo con niños y niñas, a través de la Fundación y el albergue Mitã Pyahu Róga de la Ciudad de Presidente Franco, y que actualmente ya están consolidados.

Franco señaló que el flagelo de la pobreza extrema en la niñez, víctima de todo tipo de violencia, vicios y las adversidades que le ofrece la calle es inimaginable.

En la mayoría de los casos los niños están desarraigados de sus comunidades y familias, por esta situación caen en las redes de la drogadicción y la prostitución; por lo que se está encarando una contingencia para que luego, a través de una política de Estado y la sociedad toda, se busque una solución sustentable, según la visión manifestada por Franco.

“Solos no haremos en un año lo que nunca se hizo durante muchísimos años, queremos acompañar a estos niños y niñas a través del centro abierto, buscarles otra alternativa en la vida, darles sustento alimenticio, sicológico, educativo y reinsertarlos a la sociedad”, expresó.

Refirió que en los 12 meses de vigencia del convenio a partir del presente mes, se harán los controles y evaluaciones por parte de Itaipu, de modo que se logre la mayor trasparencia y seriedad institucional, como parte de los trabajos de Responsabilidad Social de la entidad.

Puntualizó que el cronograma de trabajo dará seguimiento a lo que la Secretaría de la Niñez ya ha comenzado como programa de Gobierno en el marco de una cooperación interinstitucional y de organizaciones comprometidas con la gente. “Nos sentimos seguros y respaldados para este trabajo, con el apoyo de Itaipu”, finalizó.